Ley 27.553 : “Recetas electrónicas o digitales”

17 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

El pasado 11 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial, la Ley 27.553 “Recetas electrónicas o digitales”, mediante la cual se modifican artículos de la Ley 17.132 “Ejercicio de la Medicina”, Ley 23.277 “Ejercicio Profesional de la Psicología”, Ley 17.565 “Ejercicio de la Actividad Farmacéutica”, Ley 17.818 “Ley de Estupefacientes”, y Ley 19.303 “Drogas. Normas para la fabricación, comercialización, circularización y uso”; permitiéndose en todos los casos la confección de recetas electrónicas o digitales y habilitándose la modalidad de la teleasistencia para el ejercicio de la medicina y las actividades relacionadas.

 

La Pandemia por el COVID-19 ha acelerado cambios y modernizaciones en la forma de prescribir medicamentos, así como de practicar la medicina.

 

Con anterioridad a la sanción de la Ley 27.553 los profesionales de la salud sólo podían prescribir medicamentos a través de recetas confeccionadas en idioma nacional, en manuscrito, fechadas y firmadas de puño y letra del profesional.

 

A partir de ahora, los profesionales de la salud no solo podrán continuar prescribiendo medicamentos como lo venían haciendo, sino que también lo podrán hacer de manera electrónica o digitalmente.

 

También se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, incorporándose a la ley 17132, el art. 2 bis el cual establece: Se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la ley 26.529 de Derechos del Paciente. La teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación.”

Si bien aún queda un largo camino por recorrer, la sanción de la Ley 27.553 permite ir acercando a la tecnología con la medicina e ir adecuándose paulatinamente a las exigencias de la sociedad actual.

 

María Luján Gallego.

Contratos de Adhesión. Baja de Servicios. Publicación en sitios del Proveedor. Resolución Nro. 271/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación

10 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

El 8 de septiembre del 2020 fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución Nro. 271/2020 (la Resolución 271) dictada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación -que integra la Ley de Defensa del Consumidor- que dispone la publicación de las condiciones de los contratos de adhesión que los sujetos alcanzados por la referida normativa acuerden con consumidores o usuarios, de promociones, etc., y normativa vinculada con la baja de ciertos servicios. Lo anterior, con el fin de facilitar el acceso a la información a consumidores y usuarios a través de internet, y a vías electrónicas para la rescisión de ciertos contratos.

Así, entre otras medidas, la Resolución 271 dispone que:

Contratos de Adhesión

– Las empresas que contraten con consumidores de bienes y/o servicios mediante el uso de contratos de adhesión -predispuestos por dichas empresas-, deberán publicar en la página de inicio de los sitios de Internet institucionales, discriminados según las variantes del producto y/o servicio en cuestión, todos los ejemplares de los contratos de adhesión, así como toda otra condición general y particular de adhesión predispuesta, mediante las que se instrumenten derechos y obligaciones vigentes con sus consumidores y/o usuarios, y también las dirigidas a potenciales consumidores indeterminados.

– También deben informar las promociones y bonificaciones ofrecidas, con indicación precisa de las fechas de comienzo y de finalización, así como sus modalidades, condiciones y limitaciones.

– El acceso a los ejemplares de contratos, condiciones generales y particulares de contratación, y demás información, deberá ser de fácil y directo acceso desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados -conforme lo previsto por el art. 38 de la Ley de Defensa del Consumidor- y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, en la mencionada página.

– La publicación de los contratos de adhesión debe ser íntegra, clara y discriminada por cada modalidad, plan, producto y/o servicio. Deberá utilizarse un único hiperenlace para cumplir esta exigencia, en la medida en que la información que se provea forme parte de las páginas oficiales del proveedor. No se admitirán remisiones a otros documentos y/o sitios de Internet.

– En el caso en los que los consumidores tengan un acceso particular o un usuario registrado en la página web del proveedor, en el referido sitio específico deberán tener disponible el contrato suscripto por ellos y las ofertas o promociones especiales que se hubieran ofertado y pactado. Esta publicación deberá realizarse en iguales condiciones a las consignadas en el párrafo anterior.

– Los ejemplares de contrato y condiciones contractuales deberán exhibirse bajo el nombre “Contratos de adhesión – Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor”.

– Los proveedores alcanzados por la Resolución deberán informar a los consumidores y/o usuarios que los ejemplares del/los contrato/s se encuentran disponibles en los sitios web institucionales.

Baja de Servicios

Asimismo, la Resolución 271 establece que los proveedores de servicios que posean páginas web y cuya actividad económica se encuentra enumerada en el Anexo a la Resolución 271 -esto es, -Servicios de Telefonía Fija; Servicios de Telefonía Móvil; Servicios de Acceso a Internet; Servicios de Radiodifusión por suscripción; Servicio de Medicina Prepaga; Servicios de Suscripción a Diarios o Revistas en soporte papel o digital; Servicios de Suscripción a Bases de Datos; Servicios de Asistencia al Viajero; Servicios de Emergencias Médicas y/o Traslados Sanitarios de Personas; Servicios de Suscripción a Clubes y/o Gimnasios; Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito por Emisores No Bancarios; Suscripción a Donaciones Periódicas con Débito Automático a Asociaciones Civiles-, deberán tener, a simple vista y en el primer acceso, el link mediante el cual el consumidor podrá solicitar la baja del servicio contratado; dicho link para rescindir los servicios contratados deberá ser de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado. Asimismo, al momento de hacer uso del “botón de baja”, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite”.

Los proveedores alcanzados por la Resolución tendrán 90 días corridos contados desde el 8 de septiembre de 2020 para adecuar sus sitios de Internet de acuerdo a los términos establecidos precedentemente.

El caso de incumplimiento a la Resolución, el proveedor podrá ser sancionado conforme las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor.

Nueva extensión temporal de los beneficios del Decreto 300/2020

7 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

Mediante el Decreto 695/2020 se dispuso prorrogar por noventa (90) días los beneficios
establecidos mediante el Decreto 300/2020 para aquellos empleadores cuyas actividades
relacionadas con la prestación de servicios de salud se encuentran expresamente previstas
en su Anexo.

Los beneficios contemplados en el Decreto 300/2020 son:

(i) una reducción del 95% en la alícuota aplicable para la liquidación de las Contribuciones
Patronales destinadas al SIPA, respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y
ayudantes que presten servicios relacionados con la salud en esas instituciones, y
(ii) una alícuota reducida del 0,25%para la aplicación del Impuesto a los débitos y créditos
en movimientos en cuentas corrientes y del 0,5% para las restantes operaciones referidas
en el primer párrafo del art. 7 del Decreto 380/2001.
Recordamos que la AFIP había dictado la Resolución General 4694/2020 a los fines de
identificar las categorías del personal del servicio de salud que resultan alcanzados por el
beneficio de reducción de contribuciones patronales, entre otras cuestiones referidas a su
implementación.

En consonancia con lo dispuesto por el Decreto 695/2020, la AFIP dictó la Resolución
General 4808/2020 (B.O. 02/09/2020), extendiendo los alcances de la Resolución General
4694 antes referida, a los períodos devengados agosto, septiembre y octubre de 2020, a
fin de aplicar el beneficio de reducción de alícuota de Contribuciones Patronales con
destino al SIPA previsto en el Decreto 300/2020.

En caso de que deseen realizar consultas, pueden comunicarse con Leandro Cáceres
(lcaceres@brons.com.ar) o Juan Salvador Mayedonchi (jmayedonchi@brons.com.ar).

Protección de datos personales

4 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

Esta nueva realidad en que la que nos vemos inmersos ha dejado al descubierto, la gran vulnerabilidad que existe frente a la protección de los Datos Personales de los individuos. Frente ello la Agencia de Acceso a la Información Pública (“AAIP”), autoridad de contralor la Dirección Nacional de Protección de los Datos Personales, el 03.09.2020 ha publicado la Guía para el Tratamiento de los datos personales ante el registro de temperatura corporal.

 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la toma de temperatura corporal es una medida que organismos públicos o privados ya han comenzado a implementar, con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad. Este tipo de control puede tener impacto en la privacidad o la intimidad de las personas, por lo que es importante que los distintos actores involucrados tengan en consideración la normativa vigente de protección de datos personales.

 

Debemos partir de la premisa, que la toma de la temperatura de una persona, es una operación de tratamiento de datos personales que se encuentra alcanzada por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (“Ley 25.326”), y que la temperatura corporal es un dato de salud, por lo que es considerado sensible, mereciendo una protección más rigurosa que otras categorías de datos.

 

La Guía efectúa una diferencia entre los recaudos que deben tomar:

  • los comercios y/o establecimientos en la vía pública, quienes se encuentran autorizados a tomar la temperatura de los potenciales ingresantes y si detectan que la temperatura corporal supera el umbral definido por las autoridades sanitarias, el local podrá denegarle la entrada al comercio a fin de garantizar la seguridad de todas las personas que ingresen al comercio. (Artículo 5 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor);
  • empleadores (tanto del sector público como privado), quienes también se encuentran autorizados a tomar la temperatura de sus empleados en el ingreso y si detectan que la temperatura corporal supera el umbral definido, el empleador podrá denegarle la entrada a la persona, a fin de garantizar la seguridad de todos los trabajadores (Artículo 75 de la Ley 20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo);
  • organismos públicos que reciben visitantes, la toma de temperatura está permitida en la medida en que esté debidamente reglamentada por protocolos sanitarios, en el marco de las leyes y decretos de la emergencia sanitaria. El mismo criterio es aplicable a los controles en el transporte público, centros de transbordo, vía pública y espacios verdes.

 

Ahora bien, en todos los casos siempre se debe respetar el principio de calidad del dato y el principio de información (Artículos 4 y 6 de la Ley 25.326), por lo que la toma de temperatura corporal debe ser:

  • pertinente y no excesiva en relación con el lugar y los fines para los que se realiza;
  • los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.

 

La Guía diferencia entre los responsables del tratamiento que no almacenan la información y aquellos que lo hacen:

  • Responsable que no almacene la información sobre los controles de temperatura, deberán aclarar a través de cartelería: (i) quién es el responsable y cuál es su domicilio legal; (ii) razón por la cual  se realiza el control; (iii) cuáles son las consecuencias de la toma de temperatura; (iv) que la información recolectada no será almacenada; (v) que es de aplicación la Ley 25.326 y (vi) que el responsable (toma de la temperatura)  puede ser denunciado ante la AAIP.
  • Responsable que si almacene la información, deberán informar través de cartelería lo siguiente: (i) quién es el responsable y cuál es su domicilio legal; (ii) razón por la cual se realiza el control; (iii)  cuáles son las consecuencias de la toma de temperatura; (iv) que la información referida al control de temperatura será almacenada; (v) durante cuánto tiempo será almacenada; y (vi) si la información registrada será cedida a terceros y, en su caso, quienes son los posibles destinatarios; (vii) que es de aplicación la Ley 25.326; (viii) que el titular del dato puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión contemplados en los Artículos 14 y 16 de la ley; y (ix) que el responsable del tratamiento puede ser denunciado ante la AAIP.

 

El dictado de estas Guías, intentan de algún modo, proteger los datos personales de los individuos, y que la privacidad de los mismos no se ve vulnerada frente al uso incorrecto de los mismos.

 

María Luján Gallego.

Ley 27.553: Recetas electrónicas o digitales

2 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

El pasado 11 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial, la Ley 27.553 “Recetas electrónicas o digitales”, mediante la cual se modifican artículos de la Ley 17.132 “Ejercicio de la Medicina”, Ley 23.277 “Ejercicio Profesional de la Psicología”, Ley 17.565 “Ejercicio de la Actividad Farmacéutica”, Ley 17.818 “Ley de Estupefacientes”, y Ley 19.303 “Drogas. Normas para la fabricación, comercialización, circularización y uso”; permitiéndose en todos los casos la confección de recetas electrónicas o digitales y habilitándose la modalidad de la teleasistencia para el ejercicio de la medicina y las actividades relacionadas.

La Pandemia por el COVID-19 ha acelerado cambios y modernizaciones en la forma de prescribir medicamentos, así como de practicar la medicina.

Con anterioridad a la sanción de la Ley 27.553 los profesionales de la salud sólo podían prescribir medicamentos a través de recetas confeccionadas en idioma nacional, en manuscrito, fechadas y firmadas de puño y letra del profesional.

A partir de ahora, los profesionales de la salud no solo podrán continuar prescribiendo medicamentos como lo venían haciendo, sino que también lo podrán hacer de manera electrónica o digitalmente.

También se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, incorporándose a la ley 17132, el art. 2 bis el cual establece: Se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la ley 26.529 de Derechos del Paciente. La teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación.”

Si bien aún queda un largo camino por recorrer, la sanción de la Ley 27.553 permite ir acercando a la tecnología con la medicina e ir adecuándose paulatinamente a las exigencias de la sociedad actual.

 

María Luján Gallego.

Idiomas

Español, Inglés

Contacto

lbartomioli@brons.com.ar
+54 4319-7100 ext. 2749

Bartomioli, Lorena P.

Bio

Socia en Brons & Salas Abogados a cargo del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Internacional.


Estudios Cursados

Abogada, por la Universidad de Buenos Aires, Diploma de Honor.

Posgrado en Negocios Internacionales, Universidad Católica Argentina.

Especialización

Socia en Brons & Salas Abogados a cargo del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

Actividad Académica

Docente de la Universidad de Buenos Aires, Jefa de Trabajos Prácticos.

Profesora adjunta a cargo de la materia Operatoria del Comercio Internacional de la Maestría en Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Docente invitada para el dictado del Módulo “Imposición al Comercio Internacional y Derecho Aduanero” de la Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de Catamarca, 2015.

Docente invitada para el dictado del Módulo Derecho Aduanero en el Postgrado en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, 2015.

Profesora Adjunta de la materia Derecho de la Integración en el Curso de Posgrado: Derecho Aduanero y de la Integración, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2012.

Docente invitada en la materia Derecho Aduanero del Posgrado de Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2011.

Docente invitada en la materia Derecho Aduanero y Derecho Tributario de las Especializaciones de Derecho Tributario y Derecho Aduanero de la Escuela de Abogados del Estado, 2010.

Docente invitada en la materia Derecho Aduanero del Posgrado de Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Tucumán, 2009.

Docente invitada en la materia Derecho Aduanero del Master de Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina, 2006-20007.

Docente invitada en la materia Negocios Internacionales del Master de Derecho y Empresa de la Universidad de Palermo, 2006-20007.



Membresías

Miembro del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Número del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y de la Secretaria del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros (2010-2011).

Publicaciones

En materia de Derecho Aduanero, ha participado en charlas, seminarios y disertaciones tanto en Argentina como en el extranjero. Es autora de diversos escritos de opinión, entre los cuales se encuentran:

Tutela Jurisdiccional efectiva de los operadores de comercio internacional. I Jornadas Internacionales de derecho Aduanero de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Errepar.

Los valores criterio de carácter precautorio. Revista del Centro de Despachantes de Aduana, Año LXXXVI Julio-Agosto de 2010.

Agosto de 2010: un mes dedicado a la materia aduanera. Revista Impuestos. Noviembre de 2010. Editorial La Ley.

Capítulo III. Derecho Aduanero. Bussiness Law of Argentina, 2009/2010 Edition, Autores varios, Editorial (A Thomson Reuters Business).

El control aduanero y las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación – Coautoría con el Dr. Diego A. Embón-. Artículo publicado el día 15/09/2015 en la Revista IUS 360º (versión on Line) a cargo de la Asociación Civil IUS Veritas, Perú.

Modificaciones al Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto entre Argentina – Brasil

2 agosto, 2018 | Actualidad normativa

Con fecha 29/07/2018 ha entrado en vigencia el Protocolo de Enmienda del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil y su Protocolo (la “Enmienda”), aprobado por la Ley 27.441 (B.O. 23/05/2018). El objetivo de la Enmienda ha sido adaptar el Convenio para Evitar la Doble Imposición (el “CDI”, suscripto originalmente en 1980 entre ambos países) a la nueva realidad internacional en materia de convenciones interestatales siguiendo los lineamientos desarrollados en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y puntualmente incorporando las pautas dispuestas por el Proyecto Base Erosion Profit Shifting (“BEPS”) creadas con el propósito de evitar prácticas de planificación fiscal abusiva y mejorar los mecanismos de intercambio de información.

A continuación, hacemos una breve reseña de algunos puntos relevantes contenidos en el mismo:

Se incorporan al ámbito del CDI los gravámenes que recaen sobre el patrimonio, por lo cual ahora se encuentran alcanzados el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el Impuesto sobre los Bienes Personales.
Se actualiza la definición de Establecimiento Permanente (“EP”) y se incorpora también un apartado relativo a los EP vinculados a las aseguradoras, disponiendo que las mismas tendrán un EP en el otro Estado Contratante cuando obtengan primas en el territorio de ese otro Estado Contratante o si asegura riesgos situados en él mediante un sujeto distinto a un agente independiente.
En relación a los dividendos dispone que podrán someterse a imposición por ambos Estados Contratantes pero establece un tope máximo del 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario es una sociedad que posea al menos el 25% del capital de la sociedad pagadora, y del 15% en los demás casos.
Misma potestad tienen ambos Estados Contratantes respecto de la imposición de los intereses en cuyo caso estarán sujetos a una alícuota que no podrá exceder el 15% de importe bruto de los mismos.
En cuanto a las regalías, se establece que la alícuota a la cual se los someta a imposición no podrá exceder del 15% del importe bruto de tales regalías –cuando se originen en el uso o concesión de marcas- y del 10% en los restantes casos.
Por su parte, se incorpora al Protocolo del CDI una definición de “servicio técnico” y “asistencia técnica”.
Otra de las modificaciones relevantes tiene que ver con el método que adopta el CDI a los fines de evitar la doble imposición, que en la redacción original utilizaba el método de la exención para Argentina a consecuencia del cual, en ciertos casos, producía situaciones de doble no imposición. Bajo las nuevas disposiciones, se adopta el método del crédito por impuesto análogo abonado en el otro Estado Contratante (tax – credit).
Otro aspecto importante a destacar es la incorporación de los lineamientos OCDE en materia de intercambio de información, no obstante la versión original del CDI contenía algunas disposiciones al respecto.
A los fines de incluir políticas antiabuso y en línea con las disposiciones del Proyecto BEPS, la Enmienda contempla una limitación de beneficios para aquellos casos en los cuales fuera razonable concluir que la obtención del beneficio que otorgue el CDI fue el objetivo principal de un acuerdo, negocio u operación concluida.
Las modificaciones introducidas por la Enmienda al CDI tendrán efecto:
sobre los montos pagados a partir del primero de enero del año 2019 con respecto a los importes retenidos en la fuente; y
para el resto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, los efectos se proyectarán sobre los hechos imponibles que se perfeccionen en los periodos fiscales que comiencen a partir del primero de enero del año 2019.

Amendments to the Double Taxation Agreement entered into by and between Argentina and Brazil

The Protocol of Amendment to the Agreement to Avoid Double Taxation and Prevent Tax Evasion with regard to Income Taxes between the Republic of Argentina and the Republic of Brazil and its Protocol (the “Amendment”), as approved by Law No. 27,441 (published in the Official Bulletin on 05/23/2018), entered into force on July 29, 2018. The purpose of the Amendment is to adjust the Double Taxation Agreement (the “DTA” originally signed between both countries in 1980) to the new international scenario as concerns inter-State conventions by following the guidelines of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and, in particular, the standards of the Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) Project created to avoid abusive tax planning practices and improve information exchange mechanisms.

Below, we will provide a brief overview of some of the most important aspects of the Amendment:

Wealth taxes are included within the scope of the DTA; thus, it will be applicable to Income Tax, Minimum Presumptive Income Tax and Tax on Personal Assets.
The definition of Permanent Establishment (“PE”) is amended and a new subsection is included referring to PEs of insurance companies. According to such new subsection, it will be understood that an insurance company has a PE in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of such other Contracting State or if it ensures risks located in such other State through a person other than an independent agent.
As regards dividends, it provides that dividends will be taxable by both Contracting States but sets a cap of 10% of the gross dividend amount if the payee is a company that holds at least 25% of the capital stock of the payor, and a 15% cap in all other cases.
Both Contracting States shall have the same rights regarding taxation of interest, which will be subject to a rate that may not exceed 15% of the gross amount thereof.
Royalties shall be taxable at a rate that may not exceed 15% of the gross amount thereof – if such royalties derive from the use or license of trademarks– and 10% in the other cases.
In addition, the definitions of “technical service” and “technical assistance” are included in the Protocol of the DTA.
Other significant amendment refers to the method adopted by the DTA to avoid double taxation. The original wording provided for the exemption method for Argentina which, in some cases, led to double non-taxation situations. Under the new provisions, the tax credit method is allowed whereby credit is granted for the same tax paid in the other Contracting State.
Another important aspect to be highlighted is the inclusion of the OECD guidelines on exchange of information, even though the original wording of the DTA contained some provisions in this connection.
In order to include anti-abuse policies and in line with the provisions of the BEPS Project, the Amendment contemplates a limitation of benefits in those cases where it may be reasonably concluded that the obtention of the benefit granted by the DTA was the main purpose of the concluded deal, business or transaction.
The changes provided for in the Amendment to the DTA:
will apply to the amounts paid as from January 2019 as regards sums withheld at source; and
for all other income and wealth taxes, the effects will apply to taxable events completed during fiscal years staring on January 1, 2019.
If you need any additional clarification or information on this issue, please contact Leandro Cáceres at 4319-7100 or by email at lcaceres@brons.com.ar.

Por cualquier aclaración o mayor información acerca de este tema, pueden contactar a Leandro Cáceres al 4319-7100 o mediante correo electrónico a: lcaceres@brons.com.ar.