Nueva prórroga de prohibición de despidos y suspensiones. Excepción

25 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

Se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 761/2020 (en adelante DNU), por el cual se dispone prorrogar -nuevamente- la prohibición de despidos y suspensiones por otros 60 (sesenta) días, contados desde el 27 de septiembre de 2020.

Recordamos que la prohibición de despidos y suspensiones por fuerza mayor se encuentra vigente desde el 31 de marzo, habiendo sido prorrogada en varias oportunidades.

La prórroga ahora dispuesta por este DNU se extiende hasta el 26 noviembre de 2020 inclusive.

Durante la vigencia del DNU se mantienen las siguientes limitaciones:

  1. Prohibición de despidos sin causa o invocando falta de trabajo o fuerza mayor;
  2. Prohibición de suspensión de personal invocando falta de trabajo o fuerza mayor;
  3. Se exceptúa de la prohibición, aquellas las suspensiones por fuerza mayor en las cuales se reconozca el pago de una asignación no remunerativa al personal (conf.art.223 bis Ley de Contrato de Trabajo), lo que requiere de un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo, con la intervención de entidad sindical representativa de trabajadores o los individuos en caso de personal excluido.

La violación de las prohibiciones mencionadas más arriba implicarán que el despido o la suspensión no tienen efecto legal alguno, y los empleados afectados tendrán derecho a que se le mantengan sus condiciones de trabajo, además de la posibilidad de aplicar sanciones por el incumplimiento de la obligación impuesta por este Decreto.

Dejamos aclarado que este Decreto no afecta las desvinculaciones que pudieran ocurrir por renuncia o mutuo acuerdo alcanzado entre las partes.

La prohibición dispuesta por la norma no resulta de aplicación para los empleados que haya sido incorporados desde el 29 de julio de 2020 en adelante.

Estamos a disposición para brindarles cualquier aclaración o ayuda, y los mantendremos informados de cualquier novedad que pudiera ocurrir sobre estos temas.

Beneficios e Incentivos fiscales en la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística

23 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

Con fecha 21/09/2020 se publicó en el Boletin Oficial de la República Argentina la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nº 27.563 (en adelante, la “Ley”), por medio de la cual se establecen una serie de medidas por el término de 180 días (plazo que puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo) para el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística a nivel nacional, a las cuales referimos a continuación.

 

En el presente, nos referiremos a las medidas en materia económica y fiscal, sin perjuicio de aquellas otras contenidas en la Ley.

 

  1. Actividades alcanzadas: La Ley resulta aplicable a una serie de actividades y rubros específicamente enunciados en la norma, que en términos generales se vinculan con el turismo, entre ellas: servicios de alojamiento, agencias de viajes, empresas de transporte de pasajeros, actividades de entretenimiento, esparcimiento y ocio, gastronomía, elaboración de productos regionales, bodegas y otros (en adelante, las “Actividades Alcanzadas”). Dada la amplitud de las Actividades Alcanzadas, y para mejor referencia, las detallamos en el Anexo I.

 

  1. Medidas en materia económica y fiscal:

 

  1. Se extiende la vigencia del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” (establecido según Decreto 332/20, en adelante, el “Programa ATP”) hasta el 31/12/20 inclusive, para aquellas Actividades Alcanzadas que se encuentren paralizadas o tengan una facturación inferior al 30% conforme lo determine la reglamentación. Los beneficios en el marco del referido Programa ATP, serán:

 

  • la reducción del pago de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino en un 95%, y
  • un “salario complementario” del 50% del salario neto de cada trabajador que será abonado por el Estado Nacional, no pudiendo ser este inferior al valor de un Salario Mínimo Vital y Móvil (“SMVM”) ni tampoco superar el doble de dicho monto o al total del salario neto.

 

  1. Se prorrogan por 180 días los vencimientos de los pagos de impuestos existentes o a crearse que recaigan sobre el patrimonio, los capitales o las ganancias de las Actividades Alcanzadas, cuyos vencimientos operen hasta el 31/12/20 inclusive.

 

  1. Adicionalmente, se suspende por 180 días la traba de medidas cautelares a requerimento de la Administración Federal de Ingresos Públicos o la Administración Nacional de la Seguridad Social.

 

  1. Se establece hasta el 31/12/21 una reducción en la alícuota a la cual los titulares de las Actividades Alcanzadas deben liquidar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, la cual será definida por vía reglamentaria por el Poder Ejecutivo.

 

 

  1. Planes para la reactivación: Se crea el Plan de Reactivación del Turismo Interno, integrado por los siguientes programas:

 

  • Programa Bono Fiscal Vacacional, consistente en un bono fiscal electrónico para familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a 4 SMVM, destinado exclusivamente al pago de ciertos servicios turísticos ofrecidos dentro del país.

 

  • Programa Turismo para Personas Mayores, consistente en la licitación de paquetes turísticos destinados a la tercera edad.

 

  • Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales, consistente en el reconocimiento por parte del Estado Nacional de un crédito equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de cada operación de compra debidamente facturada de servicios turísticos a ser brindados dentro del territorio nacional, que podrá ser aplicado a partir de 2021 para la adquisición del mismo tipo de servicios.

 

  • Programa de financiacion de los paquetes turísticos de viajes de turismo estudiantil, que consiste en una línea de crédito del Banco de la Nación Argentina que podrá ser otorgada a Agencias de Turismo Estudiantil.

 

  • Además de las precisiones contenidas en la Ley, todos estos programas están sujetos a reglamentación y a la definición de los montos, topes y demás cuestiones necesarias para su implementación.

 

En caso de que deseen realizar consultas, pueden comunicarse con Leandro Cáceres (lcaceres@brons.com.ar) o Juan Salvador Mayedonchi (jmayedonchi@brons.com.ar).

 

 

 

Anexo I

Actividades Alcanzadas

 

  1. a) Servicios de alojamiento en camping y/o refugios de montaña, en hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts y residenciales similares, excepto por hora, hospedaje en estancias y albergues juveniles y servicios en apartamentos de tiempo compartido;
  2. b) Agencias de viajes: servicios de empresas de viajes y turismo, servicios de agencias de turismo y agencias de pasajes;
  3. c) Transporte: aerocomercial de cabotaje, terrestre de larga distancia y servicios de excursiones y/o traslado de trenes especiales y servicios de excursiones lacustres, fluviales y marítimas con fines turísticos, servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación; y sus respectivos servicios de explotación de terminales;
  4. d) Servicios profesionales de licenciados en turismo, técnicos en turismo y guías de turismo, instructores de algún deporte vinculado a la actividad turística, permanentes y/o estacionales;
  5. e) Servicios de centros: de esquí, de pesca deportiva, de turismo salud, turismo termal y/o similares, turismo aventura, ecoturismo o similares y otros centros de actividades vinculadas con el turismo;
  6. f) Alquiler de bienes: bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayaks y otros artículos relacionados con el turismo;
  7. g) Bodegas, jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales, parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio, explotación de playas y parques recreativos, museos y preservación de lugares y edificios históricos;
  8. h) Servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, convenciones y/o exposiciones, servicio de alquiler y explotación de inmuebles para ferias, congresos y/o convenciones, servicios empresariales vinculados con la organización de ferias, congresos y/o convenciones, servicios de alquiler de equipamiento para la realización de ferias, congresos y/o convenciones;
  9. i) Gastronomía: cafés, bares y confiterías, restaurantes, cantinas, restaurante y cantina con espectáculo, servicios de restaurante y cantina con espectáculo;
  10. j) Actividad comercial en terminales de aeropuertos, parques nacionales y zonas francas que dependan de la actividad turística;
  11. k) Servicios de salones de baile y discotecas en territorios cuyo principal ingreso es la actividad turística;
  12. l) Productos regionales: la cadena de elaboración del chocolate, helados, alfajores, cervezas artesanales y otros comestibles en territorios cuya principal fuente de ingresos sea la actividad turística;
  13. m) Otros servicios: venta de artículos y artesanías regionales, antigüedades, talabartería de cuero, plata, alpaca y similares;
  14. n) Cines, producción de espectáculos teatrales y musicales.

 

Ley 27.553 : “Recetas electrónicas o digitales”

17 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

El pasado 11 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial, la Ley 27.553 “Recetas electrónicas o digitales”, mediante la cual se modifican artículos de la Ley 17.132 “Ejercicio de la Medicina”, Ley 23.277 “Ejercicio Profesional de la Psicología”, Ley 17.565 “Ejercicio de la Actividad Farmacéutica”, Ley 17.818 “Ley de Estupefacientes”, y Ley 19.303 “Drogas. Normas para la fabricación, comercialización, circularización y uso”; permitiéndose en todos los casos la confección de recetas electrónicas o digitales y habilitándose la modalidad de la teleasistencia para el ejercicio de la medicina y las actividades relacionadas.

 

La Pandemia por el COVID-19 ha acelerado cambios y modernizaciones en la forma de prescribir medicamentos, así como de practicar la medicina.

 

Con anterioridad a la sanción de la Ley 27.553 los profesionales de la salud sólo podían prescribir medicamentos a través de recetas confeccionadas en idioma nacional, en manuscrito, fechadas y firmadas de puño y letra del profesional.

 

A partir de ahora, los profesionales de la salud no solo podrán continuar prescribiendo medicamentos como lo venían haciendo, sino que también lo podrán hacer de manera electrónica o digitalmente.

 

También se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, incorporándose a la ley 17132, el art. 2 bis el cual establece: Se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la ley 26.529 de Derechos del Paciente. La teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación.”

Si bien aún queda un largo camino por recorrer, la sanción de la Ley 27.553 permite ir acercando a la tecnología con la medicina e ir adecuándose paulatinamente a las exigencias de la sociedad actual.

 

María Luján Gallego.

Contratos de Adhesión. Baja de Servicios. Publicación en sitios del Proveedor. Resolución Nro. 271/2020 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación

10 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

El 8 de septiembre del 2020 fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución Nro. 271/2020 (la Resolución 271) dictada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación -que integra la Ley de Defensa del Consumidor- que dispone la publicación de las condiciones de los contratos de adhesión que los sujetos alcanzados por la referida normativa acuerden con consumidores o usuarios, de promociones, etc., y normativa vinculada con la baja de ciertos servicios. Lo anterior, con el fin de facilitar el acceso a la información a consumidores y usuarios a través de internet, y a vías electrónicas para la rescisión de ciertos contratos.

Así, entre otras medidas, la Resolución 271 dispone que:

Contratos de Adhesión

– Las empresas que contraten con consumidores de bienes y/o servicios mediante el uso de contratos de adhesión -predispuestos por dichas empresas-, deberán publicar en la página de inicio de los sitios de Internet institucionales, discriminados según las variantes del producto y/o servicio en cuestión, todos los ejemplares de los contratos de adhesión, así como toda otra condición general y particular de adhesión predispuesta, mediante las que se instrumenten derechos y obligaciones vigentes con sus consumidores y/o usuarios, y también las dirigidas a potenciales consumidores indeterminados.

– También deben informar las promociones y bonificaciones ofrecidas, con indicación precisa de las fechas de comienzo y de finalización, así como sus modalidades, condiciones y limitaciones.

– El acceso a los ejemplares de contratos, condiciones generales y particulares de contratación, y demás información, deberá ser de fácil y directo acceso desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados -conforme lo previsto por el art. 38 de la Ley de Defensa del Consumidor- y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, en la mencionada página.

– La publicación de los contratos de adhesión debe ser íntegra, clara y discriminada por cada modalidad, plan, producto y/o servicio. Deberá utilizarse un único hiperenlace para cumplir esta exigencia, en la medida en que la información que se provea forme parte de las páginas oficiales del proveedor. No se admitirán remisiones a otros documentos y/o sitios de Internet.

– En el caso en los que los consumidores tengan un acceso particular o un usuario registrado en la página web del proveedor, en el referido sitio específico deberán tener disponible el contrato suscripto por ellos y las ofertas o promociones especiales que se hubieran ofertado y pactado. Esta publicación deberá realizarse en iguales condiciones a las consignadas en el párrafo anterior.

– Los ejemplares de contrato y condiciones contractuales deberán exhibirse bajo el nombre “Contratos de adhesión – Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor”.

– Los proveedores alcanzados por la Resolución deberán informar a los consumidores y/o usuarios que los ejemplares del/los contrato/s se encuentran disponibles en los sitios web institucionales.

Baja de Servicios

Asimismo, la Resolución 271 establece que los proveedores de servicios que posean páginas web y cuya actividad económica se encuentra enumerada en el Anexo a la Resolución 271 -esto es, -Servicios de Telefonía Fija; Servicios de Telefonía Móvil; Servicios de Acceso a Internet; Servicios de Radiodifusión por suscripción; Servicio de Medicina Prepaga; Servicios de Suscripción a Diarios o Revistas en soporte papel o digital; Servicios de Suscripción a Bases de Datos; Servicios de Asistencia al Viajero; Servicios de Emergencias Médicas y/o Traslados Sanitarios de Personas; Servicios de Suscripción a Clubes y/o Gimnasios; Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito por Emisores No Bancarios; Suscripción a Donaciones Periódicas con Débito Automático a Asociaciones Civiles-, deberán tener, a simple vista y en el primer acceso, el link mediante el cual el consumidor podrá solicitar la baja del servicio contratado; dicho link para rescindir los servicios contratados deberá ser de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de Internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado. Asimismo, al momento de hacer uso del “botón de baja”, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite”.

Los proveedores alcanzados por la Resolución tendrán 90 días corridos contados desde el 8 de septiembre de 2020 para adecuar sus sitios de Internet de acuerdo a los términos establecidos precedentemente.

El caso de incumplimiento a la Resolución, el proveedor podrá ser sancionado conforme las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor.

Nueva extensión temporal de los beneficios del Decreto 300/2020

7 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

Mediante el Decreto 695/2020 se dispuso prorrogar por noventa (90) días los beneficios
establecidos mediante el Decreto 300/2020 para aquellos empleadores cuyas actividades
relacionadas con la prestación de servicios de salud se encuentran expresamente previstas
en su Anexo.

Los beneficios contemplados en el Decreto 300/2020 son:

(i) una reducción del 95% en la alícuota aplicable para la liquidación de las Contribuciones
Patronales destinadas al SIPA, respecto de los profesionales, técnicos, auxiliares y
ayudantes que presten servicios relacionados con la salud en esas instituciones, y
(ii) una alícuota reducida del 0,25%para la aplicación del Impuesto a los débitos y créditos
en movimientos en cuentas corrientes y del 0,5% para las restantes operaciones referidas
en el primer párrafo del art. 7 del Decreto 380/2001.
Recordamos que la AFIP había dictado la Resolución General 4694/2020 a los fines de
identificar las categorías del personal del servicio de salud que resultan alcanzados por el
beneficio de reducción de contribuciones patronales, entre otras cuestiones referidas a su
implementación.

En consonancia con lo dispuesto por el Decreto 695/2020, la AFIP dictó la Resolución
General 4808/2020 (B.O. 02/09/2020), extendiendo los alcances de la Resolución General
4694 antes referida, a los períodos devengados agosto, septiembre y octubre de 2020, a
fin de aplicar el beneficio de reducción de alícuota de Contribuciones Patronales con
destino al SIPA previsto en el Decreto 300/2020.

En caso de que deseen realizar consultas, pueden comunicarse con Leandro Cáceres
(lcaceres@brons.com.ar) o Juan Salvador Mayedonchi (jmayedonchi@brons.com.ar).

Protección de datos personales

4 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

Esta nueva realidad en que la que nos vemos inmersos ha dejado al descubierto, la gran vulnerabilidad que existe frente a la protección de los Datos Personales de los individuos. Frente ello la Agencia de Acceso a la Información Pública (“AAIP”), autoridad de contralor la Dirección Nacional de Protección de los Datos Personales, el 03.09.2020 ha publicado la Guía para el Tratamiento de los datos personales ante el registro de temperatura corporal.

 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la toma de temperatura corporal es una medida que organismos públicos o privados ya han comenzado a implementar, con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad. Este tipo de control puede tener impacto en la privacidad o la intimidad de las personas, por lo que es importante que los distintos actores involucrados tengan en consideración la normativa vigente de protección de datos personales.

 

Debemos partir de la premisa, que la toma de la temperatura de una persona, es una operación de tratamiento de datos personales que se encuentra alcanzada por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (“Ley 25.326”), y que la temperatura corporal es un dato de salud, por lo que es considerado sensible, mereciendo una protección más rigurosa que otras categorías de datos.

 

La Guía efectúa una diferencia entre los recaudos que deben tomar:

  • los comercios y/o establecimientos en la vía pública, quienes se encuentran autorizados a tomar la temperatura de los potenciales ingresantes y si detectan que la temperatura corporal supera el umbral definido por las autoridades sanitarias, el local podrá denegarle la entrada al comercio a fin de garantizar la seguridad de todas las personas que ingresen al comercio. (Artículo 5 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor);
  • empleadores (tanto del sector público como privado), quienes también se encuentran autorizados a tomar la temperatura de sus empleados en el ingreso y si detectan que la temperatura corporal supera el umbral definido, el empleador podrá denegarle la entrada a la persona, a fin de garantizar la seguridad de todos los trabajadores (Artículo 75 de la Ley 20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo);
  • organismos públicos que reciben visitantes, la toma de temperatura está permitida en la medida en que esté debidamente reglamentada por protocolos sanitarios, en el marco de las leyes y decretos de la emergencia sanitaria. El mismo criterio es aplicable a los controles en el transporte público, centros de transbordo, vía pública y espacios verdes.

 

Ahora bien, en todos los casos siempre se debe respetar el principio de calidad del dato y el principio de información (Artículos 4 y 6 de la Ley 25.326), por lo que la toma de temperatura corporal debe ser:

  • pertinente y no excesiva en relación con el lugar y los fines para los que se realiza;
  • los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.

 

La Guía diferencia entre los responsables del tratamiento que no almacenan la información y aquellos que lo hacen:

  • Responsable que no almacene la información sobre los controles de temperatura, deberán aclarar a través de cartelería: (i) quién es el responsable y cuál es su domicilio legal; (ii) razón por la cual  se realiza el control; (iii) cuáles son las consecuencias de la toma de temperatura; (iv) que la información recolectada no será almacenada; (v) que es de aplicación la Ley 25.326 y (vi) que el responsable (toma de la temperatura)  puede ser denunciado ante la AAIP.
  • Responsable que si almacene la información, deberán informar través de cartelería lo siguiente: (i) quién es el responsable y cuál es su domicilio legal; (ii) razón por la cual se realiza el control; (iii)  cuáles son las consecuencias de la toma de temperatura; (iv) que la información referida al control de temperatura será almacenada; (v) durante cuánto tiempo será almacenada; y (vi) si la información registrada será cedida a terceros y, en su caso, quienes son los posibles destinatarios; (vii) que es de aplicación la Ley 25.326; (viii) que el titular del dato puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión contemplados en los Artículos 14 y 16 de la ley; y (ix) que el responsable del tratamiento puede ser denunciado ante la AAIP.

 

El dictado de estas Guías, intentan de algún modo, proteger los datos personales de los individuos, y que la privacidad de los mismos no se ve vulnerada frente al uso incorrecto de los mismos.

 

María Luján Gallego.

Ley 27.553: Recetas electrónicas o digitales

2 septiembre, 2020 | Actualidad normativa

El pasado 11 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial, la Ley 27.553 “Recetas electrónicas o digitales”, mediante la cual se modifican artículos de la Ley 17.132 “Ejercicio de la Medicina”, Ley 23.277 “Ejercicio Profesional de la Psicología”, Ley 17.565 “Ejercicio de la Actividad Farmacéutica”, Ley 17.818 “Ley de Estupefacientes”, y Ley 19.303 “Drogas. Normas para la fabricación, comercialización, circularización y uso”; permitiéndose en todos los casos la confección de recetas electrónicas o digitales y habilitándose la modalidad de la teleasistencia para el ejercicio de la medicina y las actividades relacionadas.

La Pandemia por el COVID-19 ha acelerado cambios y modernizaciones en la forma de prescribir medicamentos, así como de practicar la medicina.

Con anterioridad a la sanción de la Ley 27.553 los profesionales de la salud sólo podían prescribir medicamentos a través de recetas confeccionadas en idioma nacional, en manuscrito, fechadas y firmadas de puño y letra del profesional.

A partir de ahora, los profesionales de la salud no solo podrán continuar prescribiendo medicamentos como lo venían haciendo, sino que también lo podrán hacer de manera electrónica o digitalmente.

También se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, incorporándose a la ley 17132, el art. 2 bis el cual establece: Se habilita la modalidad de teleasistencia para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la ley 26.529 de Derechos del Paciente. La teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación.”

Si bien aún queda un largo camino por recorrer, la sanción de la Ley 27.553 permite ir acercando a la tecnología con la medicina e ir adecuándose paulatinamente a las exigencias de la sociedad actual.

 

María Luján Gallego.

Modificaciones al Convenio para Evitar la Doble Imposición suscripto entre Argentina – Brasil

2 agosto, 2018 | Actualidad normativa

Con fecha 29/07/2018 ha entrado en vigencia el Protocolo de Enmienda del Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil y su Protocolo (la “Enmienda”), aprobado por la Ley 27.441 (B.O. 23/05/2018). El objetivo de la Enmienda ha sido adaptar el Convenio para Evitar la Doble Imposición (el “CDI”, suscripto originalmente en 1980 entre ambos países) a la nueva realidad internacional en materia de convenciones interestatales siguiendo los lineamientos desarrollados en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y puntualmente incorporando las pautas dispuestas por el Proyecto Base Erosion Profit Shifting (“BEPS”) creadas con el propósito de evitar prácticas de planificación fiscal abusiva y mejorar los mecanismos de intercambio de información.

A continuación, hacemos una breve reseña de algunos puntos relevantes contenidos en el mismo:

Se incorporan al ámbito del CDI los gravámenes que recaen sobre el patrimonio, por lo cual ahora se encuentran alcanzados el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el Impuesto sobre los Bienes Personales.
Se actualiza la definición de Establecimiento Permanente (“EP”) y se incorpora también un apartado relativo a los EP vinculados a las aseguradoras, disponiendo que las mismas tendrán un EP en el otro Estado Contratante cuando obtengan primas en el territorio de ese otro Estado Contratante o si asegura riesgos situados en él mediante un sujeto distinto a un agente independiente.
En relación a los dividendos dispone que podrán someterse a imposición por ambos Estados Contratantes pero establece un tope máximo del 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario es una sociedad que posea al menos el 25% del capital de la sociedad pagadora, y del 15% en los demás casos.
Misma potestad tienen ambos Estados Contratantes respecto de la imposición de los intereses en cuyo caso estarán sujetos a una alícuota que no podrá exceder el 15% de importe bruto de los mismos.
En cuanto a las regalías, se establece que la alícuota a la cual se los someta a imposición no podrá exceder del 15% del importe bruto de tales regalías –cuando se originen en el uso o concesión de marcas- y del 10% en los restantes casos.
Por su parte, se incorpora al Protocolo del CDI una definición de “servicio técnico” y “asistencia técnica”.
Otra de las modificaciones relevantes tiene que ver con el método que adopta el CDI a los fines de evitar la doble imposición, que en la redacción original utilizaba el método de la exención para Argentina a consecuencia del cual, en ciertos casos, producía situaciones de doble no imposición. Bajo las nuevas disposiciones, se adopta el método del crédito por impuesto análogo abonado en el otro Estado Contratante (tax – credit).
Otro aspecto importante a destacar es la incorporación de los lineamientos OCDE en materia de intercambio de información, no obstante la versión original del CDI contenía algunas disposiciones al respecto.
A los fines de incluir políticas antiabuso y en línea con las disposiciones del Proyecto BEPS, la Enmienda contempla una limitación de beneficios para aquellos casos en los cuales fuera razonable concluir que la obtención del beneficio que otorgue el CDI fue el objetivo principal de un acuerdo, negocio u operación concluida.
Las modificaciones introducidas por la Enmienda al CDI tendrán efecto:
sobre los montos pagados a partir del primero de enero del año 2019 con respecto a los importes retenidos en la fuente; y
para el resto de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, los efectos se proyectarán sobre los hechos imponibles que se perfeccionen en los periodos fiscales que comiencen a partir del primero de enero del año 2019.

Amendments to the Double Taxation Agreement entered into by and between Argentina and Brazil

The Protocol of Amendment to the Agreement to Avoid Double Taxation and Prevent Tax Evasion with regard to Income Taxes between the Republic of Argentina and the Republic of Brazil and its Protocol (the “Amendment”), as approved by Law No. 27,441 (published in the Official Bulletin on 05/23/2018), entered into force on July 29, 2018. The purpose of the Amendment is to adjust the Double Taxation Agreement (the “DTA” originally signed between both countries in 1980) to the new international scenario as concerns inter-State conventions by following the guidelines of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and, in particular, the standards of the Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) Project created to avoid abusive tax planning practices and improve information exchange mechanisms.

Below, we will provide a brief overview of some of the most important aspects of the Amendment:

Wealth taxes are included within the scope of the DTA; thus, it will be applicable to Income Tax, Minimum Presumptive Income Tax and Tax on Personal Assets.
The definition of Permanent Establishment (“PE”) is amended and a new subsection is included referring to PEs of insurance companies. According to such new subsection, it will be understood that an insurance company has a PE in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of such other Contracting State or if it ensures risks located in such other State through a person other than an independent agent.
As regards dividends, it provides that dividends will be taxable by both Contracting States but sets a cap of 10% of the gross dividend amount if the payee is a company that holds at least 25% of the capital stock of the payor, and a 15% cap in all other cases.
Both Contracting States shall have the same rights regarding taxation of interest, which will be subject to a rate that may not exceed 15% of the gross amount thereof.
Royalties shall be taxable at a rate that may not exceed 15% of the gross amount thereof – if such royalties derive from the use or license of trademarks– and 10% in the other cases.
In addition, the definitions of “technical service” and “technical assistance” are included in the Protocol of the DTA.
Other significant amendment refers to the method adopted by the DTA to avoid double taxation. The original wording provided for the exemption method for Argentina which, in some cases, led to double non-taxation situations. Under the new provisions, the tax credit method is allowed whereby credit is granted for the same tax paid in the other Contracting State.
Another important aspect to be highlighted is the inclusion of the OECD guidelines on exchange of information, even though the original wording of the DTA contained some provisions in this connection.
In order to include anti-abuse policies and in line with the provisions of the BEPS Project, the Amendment contemplates a limitation of benefits in those cases where it may be reasonably concluded that the obtention of the benefit granted by the DTA was the main purpose of the concluded deal, business or transaction.
The changes provided for in the Amendment to the DTA:
will apply to the amounts paid as from January 2019 as regards sums withheld at source; and
for all other income and wealth taxes, the effects will apply to taxable events completed during fiscal years staring on January 1, 2019.
If you need any additional clarification or information on this issue, please contact Leandro Cáceres at 4319-7100 or by email at lcaceres@brons.com.ar.

Por cualquier aclaración o mayor información acerca de este tema, pueden contactar a Leandro Cáceres al 4319-7100 o mediante correo electrónico a: lcaceres@brons.com.ar.